El intendente Jorge Zambón informo sobre demandas judiciales contra el Municipio y detalló millonarios reclamos

A través de un mensaje a la comunidad, el jefe comunal dio a conocer los detalles de tres causas judiciales en trámite que involucran a la Municipalidad de San Salvador. Los expedientes comprenden un millonario pedido por daños y perjuicios, una demanda contenciosa administrativa y un reclamo laboral vinculado al Programa Cooperar.

En un mensaje dirigido a los vecinos de la ciudad, el intendente municipal, Jorge Zambón, informó sobre el estado de distintas demandas judiciales promovidas contra el municipio, las cuales fueron elevadas recientemente al Honorable Concejo Deliberante mediante una comunicación oficial.

El objetivo de la medida es que tanto el cuerpo legislativo como la ciudadanía en general tomen conocimiento de cuestiones que eventualmente pudieran generar consecuencias patrimoniales para las arcas municipales. Desde el Ejecutivo aclararon que la comunicación tiene carácter estrictamente informativo, limitándose a reseñar datos que surgen de los expedientes, y remarcaron que la publicación no implica reconocer procedencia ni responsabilidad alguna, cuestiones que deberán ser dirimidas por la Justicia.

A continuación, los tres expedientes judiciales detallados por el municipio:

1. Reclamo por daños y perjuicios ($262 millones)

• Carátula: “Villa Daniel Cecilio y otra c/ Municipalidad de San Salvador s/ Daños y Perjuicios”.
• El caso: La demanda tiene por objeto obtener la reparación integral de los daños y perjuicios atribuidos a un accidente sufrido por una menor en el denominado “Predio del Arroz”, reclamándose judicialmente la suma actualizada de $262.380.301,59.
• La postura municipal: Desde el municipio señalaron que será la Justicia la encargada de determinar la existencia y el alcance de una eventual responsabilidad, al tiempo que reiteraron el profundo pesar por lo sucedido, recordando que la familia fue acompañada desde el primer momento y durante las instancias posteriores. El patrocinio letrado está a cargo de la Dra. Susana Benítez, del Estudio Jurídico Larrarte y Asociados.

2. Demanda contenciosa administrativa por remoción de funciones

• Carátula: “Suárez Eduardo Gabriel c/ Municipalidad de San Salvador s/ Contencioso Administrativo”.
• El caso: El actor solicita la nulidad de la Ordenanza Nº 1753/2024 y del Decreto del Departamento Ejecutivo Nº 234/24, mediante los cuales se dispuso su remoción de las funciones que desempeñaba, requiriendo su restitución al cargo y el reconocimiento de diferencias de haberes.
• La postura municipal: El Ejecutivo sostiene que los procedimientos administrativos se cumplieron conforme a la normativa y respetando las garantías aplicables, recordando que la remoción fue oportunamente aprobada por el Honorable Concejo Deliberante. Asimismo, la defensa municipal indicó que el patrocinante del demandante, el Dr. Caraballo, interviene profesionalmente en expedientes de apremio del municipio y ha constituido domicilio en calle San Martín Nº 261.

3. Reclamo laboral y planteo sobre el Programa Cooperar

• Carátula: “Rebord Norma Beatriz c/ Municipalidad de San Salvador y otro – IAPSER –”.
• El caso: Se trata de un reclamo fundado en una relación laboral denunciada por la actora, cuya pretensión económica supera los $11.000.000 por supuesta falta de registración e incumplimiento en el pago de indemnizaciones. Además, la demandante solicita la declaración de inconstitucionalidad del Programa Cooperar.
• La postura municipal: El municipio advirtió sobre una particularidad institucional en este punto: el Programa Cooperar rige a partir de la Ordenanza Nº 734/2004, con su última actualización mediante la Ordenanza Nº 1046/2012. Dicha norma fue sancionada bajo la presidencia del Concejo Deliberante del Dr. Lucas Larrarte, quien suscribió el instrumento en aquel entonces y hoy patrocina, a través de su estudio jurídico (representado por la Dra. Susana Benítez), la demanda que busca declarar su inconstitucionalidad.

Desde el municipio concluyeron recordando que se trata de procesos en trámite, cuyas pretensiones y defensas técnicas deberán ser resueltas en definitiva por los órganos judiciales competentes.